El pasado 8 de diciembre de 2025, Costa Rica e Israel dieron un paso definitivo en su relación bilateral con la firma oficial de un Tratado de Libre Comercio (TLC) en Jerusalén. El acuerdo, suscrito por el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y el ministro de Economía israelí, Nir Barkat, busca no solo dinamizar el intercambio de bienes, sino posicionar a Costa Rica como un centro de adopción tecnológica en América Latina.
Hacia una economía de «Capacidades»
El tratado establece un marco legal que elimina aranceles para el 99% de los productos israelíes que ingresan a Costa Rica y otorga acceso preferencial inmediato a los principales productos de la oferta exportable costarricense. Aunque el intercambio comercial histórico ha rondado los $50 millones anuales, la apuesta del Poder Ejecutivo no es solo volumétrica, sino cualitativa.
Para el sector productivo nacional, el beneficio es doble:
- Exportación: Productos como el café de especialidad, dispositivos médicos, piña y azúcar ganan competitividad en el mercado israelí.
- Importación Estratégica: El acceso a insumos como agroquímicos de alta eficiencia y sistemas de riego de precisión es vital para la modernización de la agricultura costarricense frente al cambio climático.
Controversia y Tensiones Internacionales
La firma del acuerdo ocurre en un momento de alta sensibilidad política. Diversos sectores sociales, académicos y organismos internacionales —incluyendo relatorías de la ONU— han solicitado al Gobierno de Costa Rica pausar el proceso, señalando las tensiones y el conflicto en la Franja de Gaza.
Paralelamente, analistas internacionales han observado un giro en la política exterior costarricense. Durante diciembre de 2025, el país modificó su tendencia histórica de voto en las Naciones Unidas, optando por la abstención en resoluciones críticas hacia Israel, lo que ha sido interpretado por expertos como un alineamiento diplomático vinculado a la agenda comercial.
Próximos pasos: El debate se traslada al Congreso
Con la firma del documento, la responsabilidad recae ahora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Al inicio de este 2026, el texto entrará en la corriente legislativa para su análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales.
Se anticipa un debate intenso en el plenario, donde los diputados deberán balancear las claras oportunidades de inversión en ciberseguridad, agritech y servicios digitales, frente a las presiones de grupos de derechos humanos que cuestionan la oportunidad ética del pacto en el contexto actual.
