Costa Rica, mundialmente reconocida por su liderazgo ambiental y su matriz eléctrica renovable, se enfrenta a una paradoja moderna: ser un gigante ecológico no garantiza automáticamente tener finanzas verdes. Sin embargo, el país ha dado un paso firme hacia la coherencia económica, ubicándose en el puesto 15 de Latinoamérica en el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025. Este ascenso refleja un esfuerzo por alinear los flujos de capital público con las metas climáticas, aunque también expone los desafíos estructurales que aún persisten para alcanzar los primeros lugares de la región.
El Índice de Finanzas Sostenibles, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), no es un concurso de belleza natural. Es una herramienta técnica rigurosa que mide el dinero real detrás del discurso político. Su metodología evalúa cuatro variables críticas: los ingresos sostenibles, el presupuesto destinado a sostenibilidad, los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono y el presupuesto asignado a estas mismas actividades contaminantes. En palabras sencillas, el índice revela si un país está poniendo su dinero donde están sus promesas.
El ascenso de Costa Rica al puesto 15 debe leerse con matices. Si bien representa una mejora («sube» en el ranking), la posición en la tabla media-baja de la región puede sorprender a quienes asocian la marca país «Esencial Costa Rica» con un liderazgo absoluto. La realidad es que líderes regionales en este índice, como Guatemala o Brasil en ediciones anteriores, suelen tener estructuras de ingresos menos dependientes de los combustibles fósiles o mayores asignaciones presupuestarias directas a la adaptación climática en proporción a su PIB. El lugar 15 indica que, aunque Costa Rica avanza, todavía existe una brecha significativa entre su ambición ambiental y su estructura fiscal.
Uno de los factores determinantes en este resultado es la dependencia fiscal de los hidrocarburos. A pesar de sus logros en descarbonización, una parte considerable de los ingresos del Estado costarricense proviene del impuesto único a los combustibles. Esta «trampa fiscal» penaliza al país en el índice: para subir más, no basta con proteger bosques; es necesario reducir la dependencia económica de lo que los destruye. No obstante, factores como la reciente implementación de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles y la emisión de bonos verdes han sido catalizadores clave para esta mejora en 2025, enviando señales positivas a los mercados internacionales.
Para los inversionistas y economistas, este ranking es un termómetro de riesgo y oportunidad. Un país que escala en finanzas sostenibles es un país que reduce sus riesgos climáticos y transicionales, volviéndose más atractivo para la inversión extranjera directa que busca portafolios descarbonizados. La posición 15 es, por tanto, un punto de inflexión: Costa Rica demuestra que está corrigiendo el rumbo, pasando de la conservación pasiva a la acción financiera activa. El reto ahora es acelerar esta transición para que su liderazgo financiero llegue a ser tan indiscutible como su riqueza natural.
