En un movimiento que combina diplomacia de alto nivel con una estrategia de seguridad nacional de línea dura, el presidente Rodrigo Chaves Robles confirmó que el presidente salvadoreño Nayib Bukele visitará Costa Rica la próxima semana para supervisar el avance del nuevo centro penitenciario de máxima seguridad del país.
La visita, programada para la segunda semana de enero de 2026, se centra en el desarrollo del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Ubicado dentro del complejo penitenciario de La Reforma, en Alajuela, el recinto está abiertamente modelado a partir del “CECOT” (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de El Salvador, piedra angular de la influencia regional de Bukele en materia de seguridad.
Un modelo para la seguridad regional
Según declaraciones oficiales del gobierno, el presidente Bukele llegará en calidad de “consultoría e inspección técnica”. El proyecto, valorado en $35 millones, pretende albergar aproximadamente a 5.100 reclusos distribuidos en cinco módulos de alta seguridad.
“El presidente Bukele viene a seguir brindándonos asesoría, a inspeccionar el avance y a demostrarle al pueblo de Costa Rica que la seguridad es posible y necesaria”, afirmó el presidente Chaves durante su conferencia de prensa semanal.
El objetivo principal de la administración es aislar a líderes de alto rango de estructuras criminales y sicarios del resto de la población penitenciaria, con el fin de interrumpir las operaciones delictivas que se administran desde el propio sistema penal, una respuesta directa a las tasas récord de homicidios que ha enfrentado el país durante los últimos dos años.
Implicaciones políticas y la contienda del 2026
El momento de la visita ha desatado un intenso debate entre analistas políticos. Al ocurrir apenas 20 días antes de las elecciones generales del 1º de febrero, líderes de la oposición han expresado preocupación por el impacto interno de la visita.
Los críticos argumentan que la reunión de alto perfil funciona como un respaldo táctico a la continuidad del partido oficialista, beneficiando específicamente a la candidata Laura Fernández, quien ha hecho campaña sobre una plataforma de expansión de las políticas de seguridad de Chaves. Si bien una parte importante de la población respalda la colaboración, otros han planteado interrogantes sobre la posible tensión entre el “modelo Bukele” y las históricas tradiciones constitucionales y el marco de derechos humanos de Costa Rica.
