Aprobado este lunes, durante su primer debate, un proyecto de ley que establece severas sanciones económicas contra las personas que ingresen ilegalmente a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Esta iniciativa responde al aumento exponencial de “tours” clandestinos y visitas no autorizadas en zonas de alto riesgo, especialmente en cráteres volcánicos.

El nuevo marco jurídico contempla multas que pueden alcanzar varios millones de colones, según la gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor. Hasta ahora, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no contaban con una herramienta represiva eficaz, limitándose con frecuencia a la expulsión administrativa de los intrusos sin mayores consecuencias financieras.

Con esta reforma, los siguientes comportamientos quedan claramente definidos y sancionados:

Ingreso por accesos no oficiales: evasión de los puestos de control y del pago de los derechos de entrada.

Permanencia en zonas restringidas: acceso a áreas de peligro volcánico o biológico debidamente señalizadas.

Promoción de servicios ilegales: sanciones agravadas para las personas o agencias que lucren organizando expediciones a sitios prohibidos.

Durante los debates en sesión plenaria, varios diputados subrayaron que los ingresos ilegales no constituyen únicamente un problema de evasión fiscal, sino también una verdadera crisis de seguridad. «Hemos visto a los equipos de rescate arriesgar vidas y recursos públicos para salvar a personas que nunca debieron encontrarse en esas zonas», declararon los impulsores del proyecto.

Informes del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) indican que, solo en el último año, cientos de personas fueron interceptadas en rutas ilegales hacia los volcanes Poás, Turrialba y Arenal. Estas incursiones suelen estar asociadas con la destrucción de la flora, el hostigamiento de la fauna silvestre y la acumulación de desechos en ecosistemas frágiles.

Tras obtener un amplio respaldo en el primer debate, el proyecto deberá someterse ahora a una segunda votación en los próximos días. Si es ratificado y posteriormente firmado por el Poder Ejecutivo, el SINAC contará con las herramientas jurídicas necesarias para aplicar las multas de manera inmediata.

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a la población y a los turistas extranjeros para que utilicen exclusivamente los canales oficiales de reservación y respeten los senderos autorizados, advirtiendo que la vigilancia en los límites de los parques se reforzará una vez que la ley entre en vigor.

La nueva normativa establece que las sanciones se fijarán en función del valor del salario base vigente. El régimen aprobado se desglosa de la siguiente manera:

Para turistas y visitantes: Toda persona que ingrese por accesos no autorizados o permanezca en zonas restringidas se expondrá a una multa equivalente a un salario base, lo que actualmente corresponde a ₡462.200.

Para guías y organizadores: Las personas físicas o jurídicas que lucren organizando “tours” ilegales enfrentarán una sanción mucho más severa, fijada en cinco salarios base, por un monto de ₡2.311.000.

El texto también precisa que, en caso de reincidencia, la multa se duplicará automáticamente, elevando el costo de la infracción para los organizadores a más de ₡4,6 millones.