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En el mundo de las relaciones internacionales, los gestos suelen hablar más alto que los comunicados oficiales. Lo ocurrido recientemente en Washington D.C. es uno de esos gestos que no pueden pasar desapercibidos: el Departamento de Estado de los Estados Unidos citó a la embajadora de Costa Rica, Catalina Crespo, para una reunión de carácter urgente y específico.
El Evento y el Motivo La convocatoria no fue para una visita de cortesía ni para discutir temas rutinarios de comercio o cooperación. El punto central de la agenda fue la situación política interna de Costa Rica. Específicamente, las autoridades estadounidenses solicitaron a la embajadora una explicación detallada y oficial sobre los procesos legales que buscan levantar la inmunidad (fuero) del presidente Rodrigo Chaves Robles. Washington buscaba claridad sobre los mecanismos constitucionales que se están activando en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia, y cómo estos se alinean con el respeto al Estado de Derecho.
La Lectura Diplomática Para entender la gravedad de este hecho, hay que leer entre líneas. Costa Rica ha sido históricamente el socio más estable y confiable de Estados Unidos en una región convulsa como Centroamérica. Que la potencia norteamericana pida explicaciones sobre la estabilidad de la presidencia costarricense es una señal de alerta.
En el lenguaje diplomático, cuando un gobierno extranjero pide «clarificaciones» sobre un conflicto interno de otro Estado, está expresando una preocupación tácita sobre la solidez de sus instituciones. Estados Unidos intenta discernir si lo que ocurre en San José es el funcionamiento normal de los frenos y contrapesos de una democracia (investigar al poder), o si, por el contrario, existen riesgos de una ruptura del orden constitucional o de inestabilidad política que pueda afectar los intereses regionales.
La embajadora Crespo se encontró, por tanto, en la compleja posición de traducir el convulso clima político nacional —marcado por acusaciones de «golpe de estado» por parte del Ejecutivo y de «autoritarismo» por parte de la oposición— a un lenguaje jurídico e institucional que tranquilizara a sus contrapartes en el Departamento de Estado.
Antecedentes: ¿Por qué se pide levantar la inmunidad?
Para comprender la magnitud de la consulta estadounidense, es fundamental desglosar qué está ocurriendo legalmente en Costa Rica. El presidente de la República goza de un fuero especial (inmunidad), lo que significa que no puede ser procesado penalmente como un ciudadano común mientras esté en el cargo. Sin embargo, esta protección no es absoluta. Actualmente, existen dos vías paralelas y simultáneas que buscan romper este blindaje, cada una impulsada por razones distintas.
Causa A: La Vía Penal (Fiscalía General de la República) La primera ruta proviene del Poder Judicial. La Fiscalía General ha acumulado varias causas de investigación contra el mandatario, pero la que ha generado mayor tracción reciente está vinculada a presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
El caso más sonado en este ámbito es el conocido como «Caso Barrenador». Esta investigación se centra en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la adjudicación de contratos millonarios a cooperativas para la administración de EBAIS (centros de salud), presuntamente con sobreprecios excesivos y en contra de criterios técnicos. Aunque la Fiscalía realizó allanamientos y detenciones de altos jerarcas (como la presidenta ejecutiva de la CCSS), no pudo actuar directamente contra el presidente Chaves debido a su inmunidad.
El argumento del Ministerio Público es que existen indicios de que el mandatario podría haber instigado o validado estas decisiones, lo que configuraría delitos funcionales. Para poder sentarlo en el banquillo de los acusados y determinar su inocencia o culpabilidad, la Fiscalía necesita que la Corte Suprema solicite al Congreso el levantamiento del fuero.
Causa B: La Vía Electoral (Tribunal Supremo de Elecciones) La segunda ruta es de naturaleza política-electoral y es, quizás, la más inusual en la historia reciente del país. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha remitido denuncias por «beligerancia política».
La Constitución Política de Costa Rica (Artículo 146) es estricta: prohíbe al Presidente participar en las luchas políticas partidistas. El mandatario solo puede emitir su voto, pero no puede favorecer candidatos ni atacar a partidos opositores utilizando su investidura o recursos públicos.
Las acusaciones señalan que el presidente Chaves, a través de sus conferencias de prensa semanales y giras, habría cruzado esta línea roja. Se le señala por atacar sistemáticamente a partidos de oposición y, presuntamente, promover una agenda electoral a favor del oficialismo de cara a futuros comicios. El TSE, al encontrar mérito en estas denuncias, ha elevado la solicitud para que se le levante la inmunidad y pueda ser juzgado por violar la neutralidad electoral que su cargo exige.
La Convergencia Ambas vías, la penal (delitos de corrupción) y la electoral (intromisión política), convergen en un mismo cuello de botella: la Asamblea Legislativa. Ninguna de las dos acusaciones puede prosperar si los diputados no votan a favor de quitarle la protección al Presidente. Es esta acumulación de presiones legales desde dos poderes distintos (Judicial y Electoral) lo que ha generado la incertidumbre que hoy resuena en Washington.
El Choque de Narrativas: ¿Justicia o Persecución?
Más allá de los expedientes y los tecnicismos legales, Costa Rica vive una batalla comunicacional y política sin precedentes. La crisis actual ha fracturado la interpretación de la realidad nacional en dos visiones radicalmente opuestas, obligando a la ciudadanía —y a los observadores internacionales— a tratar de discernir entre dos relatos que parecen irreconciliables.
La Postura del Poder Ejecutivo: El «Lawfare» y la Conspiración Desde la Casa Presidencial en Zapote, la narrativa es agresiva y defensiva a la vez. El presidente Rodrigo Chaves y su equipo de gobierno sostienen que el país es escenario de un «lawfare» (guerra jurídica). Según esta visión, las acusaciones no responden a hechos delictivos reales, sino que son instrumentos políticos fabricados para desgastar y eventualmente destituir a un mandatario incómodo para el status quo.
El Ejecutivo argumenta que instituciones clave como la Fiscalía General, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones han sido cooptadas por lo que el presidente denomina «la casta» o «la dictadura de la institucionalidad»: una red de intereses ligada a los partidos tradicionales (como Liberación Nacional y el PUSC) y a grupos empresariales que han perdido privilegios. Bajo esta óptica, el levantamiento de la inmunidad es denunciado abiertamente como un «intento de golpe de Estado blando» o un «linchamiento político», diseñado para anular la voluntad popular expresada en las urnas en 2022, ya que la oposición no cuenta con el respaldo ciudadano para vencerlo políticamente.
La Postura de la Institucionalidad: Pesos y Contrapesos En la acera de enfrente, la Fiscalía, los magistrados, el TSE y las bancadas de oposición en el Congreso defienden la vigencia del Estado de Derecho. Su argumento central se basa en el principio republicano de que «nadie está por encima de la ley».
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Para este sector, la investigación al poder Ejecutivo no es un acto de sedición ni de sabotaje, sino un síntoma de salud democrática. Sostienen que la inmunidad presidencial es una protección funcional para evitar distracciones frívolas, pero no una patente de corso para cometer delitos (como en el caso de corrupción de la CCSS) o para violar la Constitución (como en el caso de la beligerancia política). Rechazan categóricamente la retórica de «golpe de Estado», calificándola de peligrosa y autoritaria. Argumentan que el presidente utiliza estos ataques verbales contra jueces y fiscales como una cortina de humo para evadir la rendición de cuentas y deslegitimar los controles que la Constitución de 1949 impone a quien ostenta el poder.
Este choque de narrativas ha eliminado los terrenos neutrales: para unos, Chaves es un mártir del sistema; para otros, es una amenaza para la democracia que debe ser frenada por la ley.
El Papel de Estados Unidos: ¿Por qué intervienen?
La citación a la embajadora Catalina Crespo no fue un acto impulsivo de la diplomacia estadounidense; responde a intereses geopolíticos profundos. Para entender por qué Washington se involucra, hay que mirar el mapa: Costa Rica no es un país más en la región, es el socio estratégico y democrático más confiable de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe.
El Temor al Contagio Autoritario El Departamento de Estado observa con preocupación el deterioro democrático en el vecindario. Con regímenes autoritarios consolidados o democracias en erosión en países cercanos, Costa Rica ha funcionado históricamente como un dique de contención y un modelo de estabilidad. El temor en Washington es el «efecto dominó»: si la democracia costarricense —famosa por su solidez— empieza a mostrar grietas institucionales o cae en una espiral de conflictos entre poderes, la región entera se vuelve más volátil e insegura para los intereses norteamericanos.
La Retórica del «Golpe» Lo que encendió las alarmas en el Norte no fue solo el proceso legal en sí, sino la retórica utilizada. Cuando un jefe de Estado, en una democracia aliada, utiliza términos como «golpe de Estado» o ataca frontalmente la legitimidad del Poder Judicial y Electoral, Estados Unidos se ve obligado a verificar la realidad sobre el terreno. Washington necesita saber si estas declaraciones son meras hipérboles políticas o si existe una amenaza real de ruptura del orden constitucional, ya sea por un exceso judicial (un lawfare real) o por un desconocimiento de los fallos judiciales por parte del Ejecutivo.
El Objetivo de la Consulta La intervención diplomática, en este caso, tuvo un fin diagnóstico. Al pedir explicaciones a la embajadora, Estados Unidos buscaba validar si los procesos de antejuicio se están llevando a cabo bajo el estricto apego a la Constitución Política de Costa Rica o si hay irregularidades. No se trata necesariamente de defender a Rodrigo Chaves ni a sus opositores, sino de defender la arquitectura del sistema. Para la Casa Blanca, la prioridad es asegurar que la institucionalidad costarricense sea capaz de procesar este conflicto pacíficamente y dentro de la ley, sin derivar en violencia social o en un colapso de la gobernabilidad que pudiera afectar la cooperación en temas clave como seguridad, narcotráfico y migración.
5. Hoja de Ruta: ¿Qué sigue ahora? (El Proceso de Antejuicio)
El camino para levantar la inmunidad de un Presidente de la República en Costa Rica no es automático ni sencillo; está diseñado intencionalmente como una carrera de obstáculos para garantizar la estabilidad del Estado. Ahora que las acusaciones están sobre la mesa, el país se enfrenta a una «Hoja de Ruta» constitucional que debe seguirse al pie de la letra, y que consta de tres estaciones críticas.
Paso 1: El Filtro de la Corte Suprema (Corte Plena) Todo comienza en el Poder Judicial. Antes de que cualquier político pueda votar, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben actuar como un filtro técnico. Ellos reciben la acusación (ya sea de la Fiscalía por delitos penales o del TSE por beligerancia) y deben determinar si existe «mérito» para proceder. Esto no significa que decidan si el Presidente es culpable o inocente, sino simplemente si la acusación tiene pies y cabeza, y no es una denuncia frívola. Si la Corte Plena vota que hay causa suficiente, envía el expediente a la Asamblea Legislativa.
Paso 2: La Comisión Investigadora en el Congreso Una vez que el expediente llega a Cuesta de Moras (sede del Legislativo), el asunto pasa de ser jurídico a ser político. El Congreso debe nombrar una comisión especial de tres diputados para estudiar el caso. Esta comisión funciona como un pequeño tribunal: revisan la evidencia, escuchan a la defensa del Presidente y finalmente emiten un dictamen recomendando al Plenario si se debe o no levantar la inmunidad.
Paso 3: La Votación Clave y el «Número Mágico» Este es el momento de la verdad. El dictamen se somete a votación de los 57 diputados. Para que el Presidente pierda su inmunidad, la Constitución exige una mayoría calificada, es decir, 38 votos.
Aquí se abren dos escenarios posibles con consecuencias históricas:
- Escenario A: No hay votos. Si la oposición no logra reunir los 38 votos necesarios, la acusación se archiva momentáneamente. El presidente Rodrigo Chaves mantendría su cargo y su protección legal hasta el final de su mandato en mayo de 2026. Solo podría ser juzgado una vez que deje la banda presidencial.
- Escenario B: Se levanta la inmunidad. Si se alcanzan los 38 votos, el efecto es inmediato y severo. El Presidente queda suspendido del ejercicio de su cargo. Esto no significa que sea destituido permanentemente de inmediato, sino que debe apartarse de la Presidencia para enfrentar el juicio común ante la Corte Suprema como un ciudadano más. Durante ese tiempo, el mando del país pasaría al Primer Vicepresidente. Si en el juicio posterior resulta absuelto, podría regresar; si es condenado, la destitución sería definitiva.
Conclusión y Análisis
Lo que ocurre hoy en Costa Rica no puede leerse simplemente como un pleito legal más o una disputa de egos políticos; estamos ante una verdadera prueba de esfuerzo para la Constitución Política de 1949. El sistema democrático costarricense, diseñado tras la guerra civil para evitar la concentración de poder, está siendo tensado al máximo por un choque inédito entre la legitimidad popular del Ejecutivo y la legitimidad legal de los entes de control.
La llamada de atención desde Washington a la embajadora Catalina Crespo confirma que este conflicto ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un tema de reputación internacional. La imagen de la «Suiza centroamericana», garante de estabilidad y paz, está bajo escrutinio. Que el principal aliado del país pida cuentas sobre la salud de la democracia es un recordatorio de que la inestabilidad política tiene costos que van más allá de los titulares: afecta la inversión, la cooperación internacional y la confianza en las reglas del juego.
