Percepción de Deterioro de la Libertad de Expresión en Costa Rica Alcanza su Nivel Más Alto en Tres Años, según Estudio de la UCR

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Un informe del Programa de Libertad de Expresión (PROLEDI) de la UCR revela que la opinión sobre el estado de este derecho está fuertemente vinculada a la afinidad política con el presidente, y constata una confianza «matizada» hacia los medios de comunicación.

Un nuevo estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) advierte sobre un aumento en la percepción ciudadana de un deterioro en la libertad de expresión, la cual ha alcanzado su punto más alto de los últimos tres años.

El informe, desarrollado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), identifica una creciente sensación de vulnerabilidad en uno de los pilares tradicionalmente más sólidos de la democracia costarricense.

El hallazgo principal del estudio es la estrecha correlación entre la opinión política de los ciudadanos y su percepción sobre la libertad de prensa. Según los datos, los ciudadanos que apoyan la gestión del actual presidente son significativamente menos propensos a considerar que la libertad de expresión está en peligro o que el mandatario ha irrespetado la labor periodística.

Por el contrario, aquellos con una opinión desfavorable a la administración son más propensos a percibir un deterioro y un ambiente hostil hacia la prensa.

Esta polarización en la percepción es uno de los ejes centrales del informe. Además, la investigación constata una confianza «matizada» —es decir, de un nivel bajo a moderado— por parte de la población hacia los medios de comunicación tradicionales.

Analistas señalan que, más allá de ser un asunto exclusivo del gremio periodístico, esta percepción de deterioro tiene implicaciones sociales más amplias. Un ambiente percibido como hostil puede fomentar la autocensura entre los ciudadanos al debatir temas públicos, tanto en espacios digitales como en la vida cotidiana.

El estudio de la UCR funciona como un termómetro de la salud democrática y del clima de debate público en el país. Los resultados sugieren que el desafío no radica únicamente en la relación entre el gobierno y la prensa, sino en la creciente polarización de la sociedad costarricense respecto a sus instituciones y derechos fundamentales.

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