Durante la Cumbre de los Océanos de la ONU celebrada en Niza en junio de 2025, uno de los temas más repetidos en conferencias, pasillos y declaraciones oficiales fue el llamado a ratificar el Tratado de Alta Mar, también conocido como Tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction o Biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales). Aunque su nombre suena técnico, su importancia es gigantesca: este acuerdo podría marcar un antes y un después en la protección de los océanos.
¿Qué es el Tratado de Alta Mar?
El Tratado BBNJ fue adoptado formalmente en 2023 tras casi dos décadas de negociaciones en las Naciones Unidas. Su objetivo es crear un marco legal que permita proteger y regular las actividades humanas en aguas internacionales, es decir, aquellas zonas del océano que no pertenecen a ningún país y que cubren más del 60 % de la superficie marina del planeta.
Hasta ahora, estas áreas han sido explotadas con muy pocas reglas: pesca industrial, minería submarina, bioprospección genética, contaminación sin control. El tratado busca cambiar eso mediante:
- La creación de áreas marinas protegidas en alta mar
- Normas comunes para realizar estudios científicos o extraer recursos genéticos
- Evaluaciones obligatorias del impacto ambiental de cualquier actividad
- Un sistema equitativo para compartir los beneficios de la biodiversidad marina
¿Quién ha firmado y ratificado el tratado?
Más de 80 países han firmado el Tratado BBNJ, incluyendo Costa Rica, Francia, España, Alemania, Chile, y Palau. Sin embargo, para que entre en vigor legalmente, necesita al menos 60 ratificaciones. A junio de 2025, solo 22 países lo han ratificado oficialmente, por lo que aún no ha entrado en vigencia.
Entre los países que no han ratificado se encuentran algunas potencias clave como:
- Estados Unidos
- Canadá
- Japón
- China
- Algunos países africanos con capacidad pesquera creciente
La falta de compromiso de estos actores genera una barrera crítica, ya que muchas de las industrias que operan en alta mar tienen sede o respaldo financiero en esas naciones.
Costa Rica: un defensor temprano del tratado
Costa Rica no solo fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado BBNJ, sino que también ha liderado esfuerzos diplomáticos para convencer a otros países de seguir su ejemplo. Durante la Cumbre en Niza, la delegación costarricense hizo un llamado enérgico a los gobiernos que aún no han ratificado el acuerdo, destacando que:
“No se puede hablar de proteger los océanos si seguimos permitiendo que más de la mitad de ellos permanezcan sin reglas.”
Este mensaje fue especialmente bien recibido por organizaciones civiles, científicos marinos y pequeños Estados insulares, quienes ven en Costa Rica un modelo de liderazgo ambiental sin intereses extractivos ocultos.
¿Qué se necesita para que el tratado funcione?
Ratificar el tratado es apenas el primer paso. Una vez que entre en vigor, los países deberán:
- Establecer mecanismos de control real en aguas internacionales
- Crear fondos para apoyar la vigilancia, especialmente en países en desarrollo
- Coordinar científicamente la designación de áreas marinas protegidas
- Establecer sanciones para quienes violen las normas
- Garantizar que las decisiones se tomen de forma transparente y con participación internacional
Además, es fundamental que los ciudadanos, medios de comunicación y empresas comprendan el valor del Tratado BBNJ. Aunque se discute a nivel diplomático, su impacto es directo: define si tendremos mares vivos o vacíos en las próximas décadas.
Un paso necesario para salvar los océanos
El Tratado de Alta Mar no resolverá todos los problemas del océano por sí solo, pero sí establece las reglas del juego para un espacio que hasta ahora ha sido un “lejano oeste” legal. Es el primer intento serio de gobernanza global sobre el 60 % del mar que nos une a todos, sin importar fronteras.
Costa Rica ha entendido esto con claridad. Su ratificación y su papel activo en la cumbre de Niza reflejan un compromiso que va más allá del discurso. En tiempos donde el planeta exige decisiones valientes, nuestro país sigue demostrando que el liderazgo ambiental no depende del tamaño del territorio, sino de la voluntad política y ética.
