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Historia de dos subastas: Cómo el plan 5G de Costa Rica tuvo éxito donde tropezó su estrategia de Radio y TV
El recurso invisible que moldea una nación
El espectro radioeléctrico es uno de los activos más críticos de una nación. Es un recurso público, finito e invisible, que sirve como base para todo nuestro mundo inalámbrico. Su asignación determina la velocidad y el alcance de nuestro futuro tecnológico, sustentando todo, desde las redes 5G de próxima generación hasta las aplicaciones industriales avanzadas. Al mismo tiempo, es el elemento vital de una democracia saludable, transportando las señales de radio y televisión que informan a los ciudadanos, fomentan la identidad local y garantizan que se pueda escuchar una diversidad de voces.
Recientemente, Costa Rica se encontró en una encrucijada crítica, gestionando dos grandes procesos de asignación de espectro al mismo tiempo. El primero fue una subasta con visión de futuro para 5G, diseñada para catapultar a la nación hacia una nueva era de conectividad. El segundo fue una subasta largamente postergada para reasignar frecuencias de radio y televisión abierta. Aunque se ejecutaron en paralelo, estos dos procesos fueron guiados por filosofías drásticamente diferentes, lo que condujo a resultados completamente opuestos.
Este artículo resume las lecciones más sorprendentes e impactantes de estas dos historias paralelas. Al examinar el marcado contraste entre la exitosa subasta de 5G y la paralizada subasta de radiodifusión, podemos ver un claro reflejo de las prioridades del país y descubrir lecciones cruciales sobre cómo gestionar un recurso público que es vital tanto para el progreso económico como para la salud democrática.
1. El giro inesperado de la subasta 5G: No se trataba del dinero
En una sorprendente desviación de las normas globales, la mayor subasta de espectro 5G de Costa Rica (Licitación Mayor por Etapas N° 2024LY-000001-SUTEL) fue diseñada con un modelo «no recaudatorio» contraintuitivo. El objetivo principal no era maximizar los ingresos del gobierno, sino garantizar la inversión directa en infraestructura nacional y acelerar el cierre de la brecha digital.
El mecanismo central de la subasta fue simple y se centró en el desarrollo tangible por encima de la ganancia fiscal. El valor de cada oferta ganadora se estructuró de la siguiente manera:
- El 90% del valor de la oferta debía ser un compromiso para construir nueva infraestructura en forma de torres de telecomunicaciones o radiobases (Unidades de Infraestructura de Acceso – UIA).
- Solo el 10% del valor de la oferta era un pago directo en efectivo al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
Este enfoque único priorizó la expansión de la red, asegurando que el éxito de la subasta se midiera en nueva cobertura y mejor servicio, no solo en dólares para la tesorería. Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), resumió esta estrategia de «infraestructura primero»:
«La subasta tiene una modalidad única en el país, el 90% de la adjudicación de frecuencias será para los operadores que más pujen por el valor del espectro a través de infraestructura. Es decir, gana quien más infraestructura se comprometa a desarrollar.»
Los resultados finales fueron impresionantes. La subasta aseguró un compromiso total de los operadores ganadores para desplegar 3.373 nuevas radiobases (UIA) en todo el país. El total de efectivo recaudado fue de aproximadamente $32.5 millones, alcanzando hasta $34.8 millones al incluir todas las fases. Este modelo redefinió el espectro no como un activo estatal para ser vendido con el máximo beneficio, sino como un catalizador estratégico para la inversión nacional focalizada, demostrando ser altamente efectivo para lograr objetivos de política pública más allá de la recaudación.
2. Ganadores sorpresa: Su cooperativa eléctrica local podría ser su próximo proveedor de 5G
La estructura de la subasta 5G fue diseñada para fomentar la diversidad y la competencia, dividiendo el proceso en dos partes: Fase 1 para operadores que buscaban cobertura nacional y Fase 2 para aquellos dirigidos a regiones específicas. Mientras que los grandes actores nacionales, Claro y Liberty, aseguraron espectro para el despliegue a nivel nacional —cada uno comprometiéndose a construir 1.552 radiobases—, la verdadera sorpresa vino de los ganadores de los bloques regionales.
Un grupo diverso de cooperativas de electrificación rural emergió como actor clave para llevar el 5G a zonas desatendidas. Los ganadores regionales, principalmente cooperativas de electrificación rural, incluyeron:
- COOPELESCA R.L.
- COOPEGUANACASTE R.L.
- COOPESANTOS R.L.
- Coopealfaroruiz
- Ring Centrales de Costa Rica
Estas cooperativas locales hicieron compromisos significativos para expandir la huella 5G en sus respectivos territorios, convirtiendo a organizaciones tradicionalmente enfocadas en la electricidad en socios clave para la inclusión digital.
| Operador Regional | Compromiso de Infraestructura |
| Coopesantos | 90 radiobases |
| Coopelesca | 63 radiobases |
| Coopeguanacaste | 58 radiobases |
Este modelo tiene un profundo impacto social. Los compromisos de infraestructura están específicamente diseñados para llevar nueva cobertura 5G a 134 distritos prioritarios con brechas de conectividad existentes y para mejorar la calidad del servicio en 353 distritos adicionales. Este enfoque descentralizado, que empodera deliberadamente a entidades más pequeñas y centradas en la comunidad, representa una elección política estratégica para asegurar que los beneficios económicos del 5G no sean capturados únicamente por los operadores nacionales establecidos, sino que se distribuyan a regiones rurales históricamente desatendidas.
3. El gran silencio radial: Cómo los precios «ruinosos» amenazaron a los medios locales
Mientras la subasta 5G se centraba en construir infraestructura, el proceso paralelo para las frecuencias de radio y televisión tomó un enfoque marcadamente diferente, centrado en la recaudación. Aunque el objetivo declarado de la SUTEL era «democratizar el acceso», la realidad económica del diseño de la subasta creó el efecto opuesto, provocando una protesta masiva de los medios de comunicación y la sociedad civil.
La controversia se centró en lo que muchos describieron como precios base «exorbitantes» y «ruinosos» para las frecuencias, lo que creó una barrera insuperable para la mayoría de los medios locales e independientes. Las etiquetas de precio incluían:
- Frecuencia de TV Nacional: Hasta $1.6 millones.
- Frecuencia de Radio FM Nacional: Iniciando en $193,051.
- Frecuencia de Radio AM Nacional: Oscilando entre $9,653 y $28,959.
Estas cifras tuvieron un efecto paralizante en la participación. Se recibió un número extremadamente bajo de ofertas: solo 4 para televisión, 21 para radio FM y solo 1 para radio AM. Medios establecidos y queridos como Grupo Columbia, Radio Sinfonola, Radio Hit y Cadena Musical declararon públicamente que no podían participar, considerando los costos imposibles de asumir.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) emitió una poderosa declaración, destacando la amenaza que este modelo representaba no solo para las empresas, sino para el tejido democrático de la nación:
«Cuando las comunidades pierden sus radios y televisoras locales, pierden espacios de identidad, expresión cultural y vigilancia del poder. Se empobrece el debate público y se concentra la oferta informativa en manos de actores con mayor músculo financiero, reduciendo la diversidad de voces indispensables para la democracia.»
A diferencia del modelo inclusivo y orientado al desarrollo de la subasta 5G, la subasta de radiodifusión trató el espectro como una simple mercancía. Su enfoque rígido y maximizador de ingresos creó una barrera financiera que amenazó directamente el pluralismo mediático y la supervivencia de las mismas voces locales que afirmaba democratizar.
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4. El veredicto final: Un proceso terminó con contratos firmados, el otro acabó en los tribunales
Las filosofías regulatorias marcadamente diferentes llevaron a resultados definitivamente opuestos. Un proceso concluyó con éxito, lanzando una nueva era tecnológica para el país, mientras que el otro quedó completamente paralizado por desafíos legales.
El 29 de julio de 2025, el proceso de subasta 5G llegó a su exitosa conclusión. La Contraloría General de la República (CGR) otorgó el aval oficial («refrendo») para los seis contratos de concesión 5G. Este acto otorgó a los contratos «validez y eficacia final» y marcó oficialmente el comienzo de la fase de despliegue de infraestructura, brindando seguridad jurídica clara para todas las partes involucradas.
En marcado contraste, la subasta de radiodifusión para frecuencias de radio y televisión está actualmente bloqueada por una extensa acción legal. El proceso se ha detenido debido a:
- Al menos siete demandas acumuladas presentadas en el Tribunal Contencioso Administrativo, desafiando la legalidad de los términos de la subasta.
- Múltiples recursos de amparo admitidos para estudio por la Sala Constitucional (Sala IV), que cuestionan la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo mediático por parte de la subasta.
Un factor clave en esta divergencia fue la flexibilidad regulatoria. Durante el proceso 5G, la SUTEL ajustó las reglas de licitación en respuesta a las objeciones de los operadores, un enfoque pragmático que aseguró que la subasta pudiera proceder con éxito. Por el contrario, la rigidez absoluta de los términos financieros de la subasta de radiodifusión, a pesar de la protesta generalizada, condujo a un estancamiento legal y social completo, dejando el futuro de docenas de medios locales en el limbo.
Las prioridades de una nación a la vista
La gestión simultánea de estas dos subastas de espectro reveló una profunda contradicción en los objetivos políticos de Costa Rica. Un camino, guiado por la flexibilidad y un enfoque en el desarrollo a largo plazo, fomentó con éxito el crecimiento inclusivo y el progreso tecnológico. El otro, impulsado por un enfoque rígido en la recaudación a corto plazo, priorizó la ganancia fiscal a riesgo de silenciar las voces locales y socavar la diversidad mediática.
Mientras Costa Rica continúa construyendo su sociedad digital, los resultados marcadamente diferentes de estas dos subastas plantean una pregunta fundamental: ¿Está la política de ondas del país diseñada para construir más puentes para la comunicación o muros más altos para la participación?
