El Caso Gamboa: Anatomía de una Crisis Narcopolítica en el Estado Costarricense

Sección 1: El Ascenso y la Caída de un Iniciado Judicial

La trayectoria de Celso Gamboa Sánchez condensa una de las narrativas más paradójicas y alarmantes de la historia reciente de Costa Rica. Su figura representa el ascenso meteórico de un individuo a las más altas esferas del poder judicial y de seguridad del Estado, seguido de una caída igualmente estrepitosa que lo ha llevado de perseguir criminales a ser acusado de liderarlos. Para comprender la magnitud de la crisis actual, es imperativo analizar primero el poder y la influencia que una vez ostentó, un perfil que hace que su situación presente sea un sismo para las instituciones de la República.

1.1. El Arquitecto de una Carrera Meteórica: De Fiscal a Magistrado

Lejos de ser un delincuente común, Celso Gamboa se forjó como un experto en el mismo sistema que hoy se le acusa de haber subvertido. Su base académica es formidable: es licenciado en Derecho, con una maestría en Criminología y doctorados en Derecho Penal e Inteligencia Policial, complementados con estudios especializados en seguridad informática y prevención de lavado de dinero. Esta preparación le abrió las puertas a una carrera fulgurante dentro del aparato estatal, demostrando una notable capacidad para navegar y escalar en distintas administraciones y poderes del Estado.

Su carrera pública comenzó en el Ministerio Público, donde se desempeñó como fiscal adjunto en provincias clave como Limón, Alajuela y San José, sentando las bases de su conocimiento del sistema judicial desde adentro. Su ascenso fue rápido y abarcó un espectro de poder inusual:

Viceministro de Seguridad Pública (2011-2014), durante la administración de Laura Chinchilla.
Director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) (2013-2014), un puesto de máxima confianza y acceso a información sensible.
Viceministro de la Presidencia (2013-2014), consolidando su influencia en el núcleo del Poder Ejecutivo.
Ministro de Seguridad Pública (2014-2015), ya en la administración de Luis Guillermo Solís, desde donde lideró las políticas de combate al crimen organizado.
Fiscal General Adjunto (2015-2016), regresando al Poder Judicial en una posición de alta jerarquía.

El cénit de su carrera llegó en 2016, cuando fue nombrado Magistrado propietario de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia en materia penal del país. Este nombramiento fue percibido en muchos círculos como la consolidación definitiva de su poder, colocando a un exjefe de policía y de inteligencia en la cúspide del tribunal que revisa los casos criminales más importantes de la nación.

1.2. El «Cementazo»: El Escándalo que Quebró el Ápice

La carrera de Gamboa colapsó en 2017, cuando su nombre quedó inextricablemente ligado al escándalo de corrupción conocido como el «Cementazo», un caso de presunto tráfico de influencias para favorecer a un empresario con créditos del Banco de Costa Rica para la importación de cemento chino. Su implicación en el caso, que incluyó acusaciones de haber mentido a una comisión legislativa sobre un viaje a Panamá con el empresario en cuestión, erosionó por completo su credibilidad.

El desenlace fue histórico y devastador para su figura pública. Tras ser suspendido por la Corte Plena, la Asamblea Legislativa votó por su destitución en abril de 2018. Este acto lo convirtió en el primer magistrado en ser removido de su cargo por los diputados desde el retorno a la democracia en 1949, un hecho que marcó el fin ignominioso de su carrera en el sector público.

Juan Carlos Bolaños imputado en el caso del Cementazo

Despojado de su poder institucional, Gamboa se reinventó como abogado litigante. Este giro profesional fue un punto de inflexión crítico. De inmediato, comenzó a asumir la defensa de figuras de alto perfil del mundo delictivo, especializándose en casos de narcotráfico. Su lista de clientes incluía a individuos notorios investigados por narcotráfico, conocidos por alias como «Pancho Villa», «Turesky», «Pecueca», «Press» y, crucialmente, Edwin López Vega, alias «Pecho de Rata», quien ahora es su coacusado en la solicitud de extradición. Su cartera de clientes llegó a ser tan controvertida que incluso incluyó la representación legal de los intereses del dictador venezolano Nicolás Maduro en un asunto judicial en Costa Rica.

El escándalo del «Cementazo» no fue simplemente el final de una carrera; fue el catalizador de una transformación. Al ser despojado de su prestigio y poder oficial, Gamboa parece haber optado por monetizar su activo más valioso: su conocimiento íntimo del sistema de justicia y las redes de contactos que había cultivado durante años. Su especialización en la defensa de narcotraficantes después de 2018 no fue una coincidencia, sino una consecuencia directa de su caída. La misma pericia que lo llevó a la cima del aparato de seguridad del Estado se convirtió en la principal herramienta que ofrecía a clientes que operaban en contra de ese mismo aparato, sentando las bases para las graves acusaciones que ahora enfrenta por parte de las autoridades estadounidenses.

Sección 2: La Acusación de la DEA: Anatomía de una Empresa Criminal Transnacional

La solicitud de extradición de Estados Unidos no presenta a Celso Gamboa como un simple abogado que se extralimitó en sus funciones, sino como una pieza central en el engranaje del crimen organizado internacional. El análisis forense de la acusación revela el presunto funcionamiento de una sofisticada estructura delictiva que operaba bajo el amparo de quien fuera uno de los más altos funcionarios de la ley en Costa Rica.

Celso Gamboa con el Ex-Presidente del partido Acción Ciudadana Luis Guillermo Solis

2.1. La Alegación Central: Un Coordinador de Alto Nivel para Cárteles Globales

Una corte federal de Dallas, Texas, solicita formalmente la extradición de Celso Gamboa para que enfrente cargos por conspiración para fabricar y distribuir internacionalmente cinco o más kilogramos de cocaína. La Administración de Control de Drogas (DEA) lo identifica no como un actor secundario, sino como «miembro y líder en Costa Rica» de una organización narcotraficante y, de manera más específica, como un «líder regional del Cártel del Golfo».

Según las autoridades estadounidenses, Gamboa actuaba como el coordinador de una célula criminal que servía de puente entre dos de las organizaciones delictivas más poderosas del hemisferio: el Clan del Golfo de Colombia y el Cártel de Sinaloa de México. El

modus operandi de la red consistía presuntamente en utilizar a Costa Rica como un centro logístico clave. La cocaína proveniente de Colombia era recibida, almacenada y redistribuida en territorio costarricense para luego continuar su ruta hacia el norte, con destinos en Guatemala, Honduras, México y, finalmente, el mercado de Estados Unidos.

2.2. La Evidencia: Informantes, Grabaciones y Traición

El caso construido por la DEA se sustenta en gran medida en la colaboración de testigos e informantes confidenciales, identificados en los documentos judiciales con claves como CW-1, CW-2, CS-1 y CS-2. Estos colaboradores habrían proporcionado detalles cruciales sobre la estructura y las operaciones de la red.

Un elemento central de la evidencia es una reunión ocurrida en San José en septiembre de 2023, donde Gamboa se encontró con dos asociados que, sin su conocimiento, eran informantes de la DEA (CS-1 y CS-2) y estaban grabando la conversación. Durante este encuentro, Gamboa presuntamente hizo alardes que ahora constituyen una prueba clave en su contra. Afirmó que la administración del presidente Rodrigo Chaves le había dado «rienda suelta» para el trasiego de cocaína y que su organización controlaba la entrada de la droga al país, tanto por la costa del Caribe como por la del Pacífico. Para dar credibilidad a sus afirmaciones y asegurar a sus interlocutores la impunidad de la operación, se jactó de sus antiguos cargos como Ministro de Seguridad y Director de Inteligencia.

Las ganancias de esta operación eran presuntamente sustanciales. Según la DEA, Gamboa recibía pagos que oscilaban entre 200,000 y 500,000 dólares por cada cargamento de cocaína que ayudaba a transportar. Un testigo colaborador incluso estimó que sus ganancias totales por estas actividades ascendían a unos 2 millones de dólares.

Los detalles operativos descritos en el expediente son reveladores. Se alega que Gamboa utilizaba su influencia y conocimiento para garantizar que ni la Guardia Costera ni los cuerpos policiales interceptaran los cargamentos. Un testigo (CW-2) lo implicó directamente en la coordinación de un envío de tres toneladas de cocaína a Honduras en 2021, droga que provenía del Clan del Golfo. Además, se detalla una estrecha colaboración con su coacusado, Edwin López Vega («Pecho de Rata»), que incluía planes para adquirir una finca en Talamanca, cerca de la frontera con Panamá, con el fin de establecer una pista de aterrizaje para recibir avionetas cargadas de droga.

Celso Gamboa junto a Pecho de Rata, también imputado en el caso de la DEA.

2.3. La Conexión Limón: Fútbol, Negocios y Lavado de Dinero

La provincia caribeña de Limón, un área estratégica para el narcotráfico, figura como un epicentro en las operaciones de Gamboa. Su conexión con la zona data de sus inicios como fiscal , pero en los últimos años, su presencia se hizo notoria a través de una vía inesperada: el fútbol.

Gamboa estuvo profundamente involucrado como socio y patrocinador de los equipos de fútbol locales Limón F.C. y, posteriormente, Limón Black Star. Si bien su participación podía parecer una simple incursión empresarial o filantrópica, los informes de inteligencia y las investigaciones de la DEA sugieren un propósito mucho más oscuro. Se alega que los equipos de fútbol eran utilizados como una fachada para el lavado de las ganancias obtenidas del narcotráfico. Comunicaciones interceptadas por las autoridades estadounidenses indicarían que las operaciones administrativas de uno de los equipos pasaban directamente a través del bufete de abogados de Gamboa, consolidando el nexo entre sus actividades legales y las presuntas operaciones ilícitas.

El aspecto más grave de las acusaciones de la DEA no es simplemente que un exministro se haya involucrado en el narcotráfico. Lo verdaderamente alarmante es la alegación de que Gamboa weaponizó el conocimiento, la credibilidad y los contactos que adquirió durante su servicio al Estado para construir y proteger su empresa criminal. Su impresionante currículum no era solo un recuerdo de su pasado, sino su principal herramienta operativa en el presente. Su profundo conocimiento de los protocolos de seguridad, las vulnerabilidades de la vigilancia y las redes de contactos dentro de las fuerzas del orden le habría permitido ofrecer a sus socios criminales algo que pocos podían: una garantía de impunidad. Esta supuesta capacidad para corromper y neutralizar el aparato estatal que una vez dirigió representa una traición de proporciones mayúsculas y un sofisticado modelo de captura del Estado.

La estructura descrita por la DEA no es la de una banda improvisada, sino la de una corporación transnacional. Con tarifas de servicio bien definidas («comisiones por tránsito seguro» ), inversiones estratégicas en negocios legítimos para el blanqueo de capitales y alianzas con los mayores «fabricantes» de producto del continente, Gamboa es retratado como el director ejecutivo de una filial regional. Su «valor agregado» para los cárteles internacionales era, presuntamente, su pericia única en el «mercado local»: la capacidad de doblegar al Estado costarricense.

Sección 3: El Crisol de la Extradición: Una Prueba de Soberanía y Derecho

La batalla legal por la extradición de Celso Gamboa se ha convertido en un campo de pruebas crucial para el sistema de justicia de Costa Rica. El caso no solo pone a prueba una reciente y controvertida reforma constitucional, sino que también somete a un intenso escrutinio la capacidad del país para gestionar un proceso de tan alto perfil y con tan profundas implicaciones para su soberanía y estado de derecho.

3.1. El Arresto y la Reacción: «Se Desencajó»

La detención de Gamboa y su socio Edwin López Vega («Pecho de Rata») los días 23 y 24 de junio de 2025 fue el resultado de una operación meticulosamente planificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El OIJ mantuvo a ambos objetivos bajo vigilancia durante varios días, esperando la orden oficial de una corte de San José, que a su vez actuaba en respuesta a la solicitud formal de Estados Unidos.

La reacción de Gamboa durante su arresto, según el relato del Director del OIJ, Randall Zúñiga, es sumamente reveladora. Inicialmente, Gamboa se mostró tranquilo, asumiendo que se trataba de un procedimiento judicial local, un terreno que conocía a la perfección. Sin embargo, su compostura se desvaneció en el instante en que los agentes le informaron que la detención era a solicitud de la DEA con fines de extradición. En palabras de Zúñiga, «Ahí sí se desencajó por completo». Esta transformación drástica en su semblante sugiere una profunda confianza en su capacidad para navegar, retrasar o incluso derrotar al sistema judicial costarricense, pero un temor paralizante ante la perspectiva de enfrentar a la justicia estadounidense.

3.2. La Táctica Legal: Combatir la Extradición en Todos los Frentes

El caso está marcado por una profunda ironía: Celso Gamboa podría ser uno de los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditado bajo una reforma constitucional que él mismo defendió públicamente años atrás, cuando era magistrado de la Sala Tercera. Esta reforma, aprobada en 2025, permite la extradición de nacionales por delitos graves como el narcotráfico internacional y el terrorismo.

Anticipándose a un proceso adverso, los abogados de Gamboa y otros actores han desplegado una estrategia legal multifacética con el objetivo de bloquear o, al menos, dilatar su entrega a las autoridades estadounidenses. Las maniobras incluyen varios frentes :

Recusación del Juez: Se presentó una moción para apartar del caso al juez encargado de tramitar el proceso de extradición, en un intento por retrasar los procedimientos y, potencialmente, buscar un magistrado que pudiera ser más favorable a sus argumentos.
Impugnación Constitucional: Se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV (el tribunal constitucional) contra la ley de extradición y el tratado bilateral con Estados Unidos. El argumento central es que la reforma constitucional no puede aplicarse de manera retroactiva a hechos presuntamente cometidos antes de su entrada en vigor, invocando la protección del artículo 34 de la Constitución Política.
Alegatos de Salud: En un esfuerzo por evitar la prisión preventiva en una celda de máxima seguridad y argumentar su incapacidad para enfrentar un proceso de extradición, la defensa presentó un dictamen médico que detalla una decena de padecimientos graves. La lista incluye cáncer de colon, cáncer de piel, síndrome de Guillain-Barré, trastorno de personalidad y ansiedad, entre otros. Esta táctica fue recibida con gran escepticismo público, especialmente después de que trascendiera que el médico que firmó el dictamen estaba él mismo vinculado a un caso de narcotráfico («Caso Turesky») y está siendo investigado por el Colegio de Médicos.
Solicitud de Libertad: La defensa también ha presentado gestiones para revocar la orden de detención provisional de dos meses, calificándola de «arbitraria» y argumentando que se basa en la aplicación retroactiva de la reforma constitucional.

3.3. Tabla: Estrategias Legales para Contrarrestar la Extradición

La siguiente tabla resume las complejas tácticas legales empleadas en el caso, proporcionando una visión estructurada del campo de batalla judicial.

Maniobra Legal	Objetivo	Base Legal / Argumento	Fuentes Clave	Estado / Resultado
Recusación del Juez	Apartar del caso al juez presidente para retrasar el proceso y buscar un juez potencialmente más favorable.	Alegaciones de parcialidad o irregularidades procesales (implícito).		En trámite ante el Tribunal Penal de San José.
Acción de Inconstitucionalidad	Declarar inaplicable la ley de extradición para este caso.	Violación del principio de irretroactividad de la ley (Art. 34 de la Constitución).		Admitida para estudio por la Sala Constitucional (Sala IV).
Alegato de Mala Salud	Obtener un traslado a un centro menos seguro o arresto domiciliario, con el potencial de retrasar la extradición.	Cita más de 10 condiciones médicas graves, incluyendo dos tipos de cáncer.		La solicitud de traslado fue rechazada. El médico firmante está bajo investigación.
Revocatoria de Detención	Lograr la libertad provisional mientras se tramita la extradición.	Argumenta que la detención es «arbitraria» y se basa en una ley aplicada retroactivamente.		En trámite.

La reacción de Gamboa al enterarse de la participación de la DEA, en contraste con su calma inicial, constituye un poderoso comentario implícito sobre la percepción de eficacia del sistema de justicia costarricense frente al estadounidense, especialmente cuando se trata de figuras poderosas. Su temor parece validar la lógica del Director del OIJ para involucrar a una agencia extranjera. Es una admisión de facto, por parte de uno de los mayores conocedores del sistema, de que las reglas del juego son drásticamente diferentes y mucho más riesgosas fuera de las fronteras nacionales.

Asimismo, los desafíos legales, en particular la acción de inconstitucionalidad, elevan el caso Gamboa de un proceso penal individual a un referéndum nacional sobre una reforma legal de gran calado. El fallo de la Sala IV sobre la retroactividad tendrá consecuencias profundas y duraderas. Si falla a favor de la defensa, podría crear un escudo de impunidad para toda una generación de líderes criminales cuyas actividades delictivas son anteriores a la reforma, socavando gravemente la herramienta más potente que Costa Rica ha adoptado recientemente para la cooperación internacional contra el crimen organizado. Por tanto, este caso no es solo sobre un hombre; es el crisol legal en el que se forjará o se quebrará la eficacia futura de esta legislación crucial.

Sección 4: La Onda Expansiva: Una Crisis de Integridad Institucional y Confianza Pública

El caso Gamboa ha trascendido la esfera judicial para convertirse en un sismo que sacude los cimientos de la institucionalidad costarricense. Las revelaciones no apuntan a un acto de corrupción aislado, sino que sugieren una penetración más profunda del narcotráfico en las estructuras del Estado, generando una crisis política y una severa erosión de la confianza pública.

4.1. El Dilema del OIJ: Una Admisión de Debilidad Estatal

Una de las revelaciones más impactantes del caso provino del propio Director del OIJ, Randall Zúñiga. Al explicar por qué la investigación fue liderada por la DEA, Zúñiga admitió con una franqueza inusual que procesar a Gamboa en Costa Rica era extremadamente difícil debido a sus «muchos contactos y afinidad». Esta declaración es una extraordinaria confesión de impotencia institucional. La principal policía de investigación del país reconoció que se sentía incapaz de garantizar un resultado justo investigando a un ex alto funcionario, por lo que optó por externalizar el caso a una potencia extranjera.

Esta no fue una decisión improvisada. La colaboración con la DEA se gestó desde 2022, bajo la dirección del entonces fallecido director Walter Espinoza. Fue una elección estratégica para eludir un sistema judicial nacional que se percibía como potencialmente comprometido, lento o ineficaz para hacer frente a un individuo con un conocimiento tan profundo de sus mecanismos y con una red de influencia tan vasta.

4.2. La Tormenta Política: Presuntos Vínculos con la Administración Chaves

La crisis se intensificó drásticamente cuando las acusaciones comenzaron a salpicar al gobierno en funciones. La afirmación más explosiva surgió de la grabación encubierta de la DEA, en la que Gamboa supuestamente se jactó ante los informantes de que el gobierno de Rodrigo Chaves le daba vía libre y tenía su «espalda cubierta» («got my back»).

Rodrigo Chaves presidente de Costa Rica 2022-2026

Esta afirmación, que podría haber sido desestimada como una mera bravuconada de un criminal, cobró un peso alarmante cuando fue respaldada, en parte, por el Director del OIJ. Randall Zúñiga declaró públicamente que, según investigaciones, Gamboa mantenía una relación «estrecha y directa» con un ministro actual y con un asesor de seguridad del gobierno de Chaves.

La reacción del Poder Ejecutivo ha sido de confrontación. El presidente Rodrigo Chaves ha calificado las acusaciones de «chismes e insinuaciones», ha negado rotundamente cualquier vínculo con Gamboa y ha elevado la tensión política al cuestionar la valentía del director del OIJ por no revelar nombres. A esto se suma la revelación de que el exministro de Seguridad de Chaves, Jorge Torres, se reunió a finales de 2022 con Gamboa y otros dos sospechosos de narcotráfico. En dicha reunión, Gamboa habría ofrecido información sobre el paradero del fugitivo «Diablo» a cambio de que la policía dejara de seguir a uno de sus clientes.

4.3. Percepción Pública y la Erosión de la Confianza

El caso ha dominado el ciclo de noticias en Costa Rica, con una cobertura mediática masiva que refleja su enorme relevancia pública. La reacción de la ciudadanía, visible en foros de discusión y redes sociales como TikTok, revela un profundo cinismo hacia el sistema de justicia nacional y una sensación de validación de que solo una fuerza externa como la DEA podía actuar con contundencia. Comentarios como «pensó que era un proceso nacional, o sea, la argolla del poder judicial» o «si no fuera por la DEA, ahí seguiría como sin nada» son un termómetro del sentir popular.

Este escándalo golpea el corazón de la credibilidad del Poder Judicial, una institución cuya imagen ya enfrentaba desafíos. El hecho de que un exmagistrado de la más alta corte penal esté implicado en una red de narcotráfico de esta magnitud corre el riesgo de confirmar las peores sospechas de la ciudadanía sobre la corrupción en las altas esferas, revelando grietas profundas en la integridad del sistema.

El caso Gamboa se presenta como un ejemplo de manual del fenómeno de la «captura del Estado». Este concepto describe una forma sistémica de corrupción en la que intereses privados —en este caso, organizaciones criminales transnacionales— logran influir en los procesos de toma de decisiones de un Estado para su propio beneficio, a través de agentes de alto nivel como presuntamente lo fue Gamboa. La admisión de debilidad por parte del OIJ es la evidencia más clara de este fenómeno en acción: la propia policía judicial se sintió superada por la red de influencia del acusado.

Además, las repercusiones políticas están generando un peligroso choque de poderes. La retórica de confrontación del presidente Chaves hacia el Poder Judicial y el OIJ corre el riesgo de politizar la investigación y socavar el principio de separación de poderes en un momento de crisis nacional. Este conflicto desvía la atención del problema central —la infiltración del narcotráfico— y lo enmarca como una lucha de poder político, lo que puede minar la confianza pública en todas las instituciones involucradas y obstaculizar una respuesta estatal coordinada y eficaz contra el crimen organizado.

Sección 5: Conclusión: Un Punto de Inflexión para la República

El caso de Celso Gamboa no es una simple crónica judicial; es un espejo que refleja las vulnerabilidades más profundas del Estado costarricense en el siglo XXI. La trayectoria de un experto en seguridad que presuntamente utilizó su conocimiento para servir al crimen organizado transnacional ha expuesto fisuras institucionales que exigen una respuesta contundente y reflexiva. Este escándalo no debe ser visto como un punto final, sino como un punto de inflexión crítico para la República.

5.1. Síntesis de la Crisis

El análisis de este caso revela una preocupante realidad: la pericia de un iniciado en los secretos del Estado puede ser weaponizada en su contra con una eficacia devastadora. La historia de Gamboa es la crónica de cómo el conocimiento de las debilidades del sistema judicial y policial se convirtió en un activo invaluable para redes criminales. La dependencia de la DEA para desarticular esta presunta operación, si bien fue pragmática y efectiva en esta instancia, subraya una debilidad soberana que Costa Rica no puede permitirse ignorar. El caso ha sacudido la confianza pública, ha evidenciado los riesgos de la captura del Estado por parte de intereses criminales y ha exacerbado las tensiones entre los poderes de la República en un momento en que la unidad y la fortaleza institucional son más necesarias que nunca.

Decomisos de droga realizados en Costa Rica

5.2. El Camino a Seguir: Reforzar la Resiliencia Institucional

Este escándalo debe servir como una advertencia severa y un catalizador para la acción. Para que esta crisis se convierta en una oportunidad de fortalecimiento, es imperativo considerar reformas estratégicas en varias áreas clave:

Reforma Ética y Judicial: Es urgente implementar mecanismos de control ético y de conflictos de interés mucho más robustos y proactivos dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas policiales. Inspirándose en sus propios protocolos éticos , se deben establecer reglas claras y estrictas sobre las actividades post-empleo para funcionarios de alto rango. El fenómeno de la «puerta giratoria», que permitió a Gamboa pasar de magistrado a defensor de narcotraficantes de la noche a la mañana, debe ser regulado para evitar que el conocimiento sensible del Estado se ponga al servicio de intereses privados o criminales.
Fortalecimiento de la Capacidad Doméstica: Si bien la cooperación internacional es vital, el Estado costarricense debe invertir decididamente en fortalecer la capacidad, la independencia y los recursos del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía. El objetivo debe ser que las instituciones nacionales tengan la fortaleza para investigar y procesar casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado sin temor a represalias y sin sentir la necesidad de ceder el liderazgo a agencias extranjeras. Abordar la debilidad que hizo necesaria la intervención de la DEA es una prioridad de seguridad nacional.
Transparencia y Responsabilidad Política: Las graves acusaciones que han salpicado al Poder Ejecutivo exigen una respuesta que vaya más allá de la negación y la confrontación política. Es fundamental establecer protocolos claros, transparentes e independientes para investigar cualquier alegato de corrupción que involucre a altos funcionarios del gobierno. La confianza pública solo puede reconstruirse si las acusaciones son enfrentadas con investigaciones serias y no con descalificaciones que polarizan y debilitan aún más el tejido institucional.

5.3. Evaluación Final

El caso Celso Gamboa representa una de las pruebas más severas a la integridad del andamiaje institucional de Costa Rica en la era moderna. Ha puesto de manifiesto que la reputación de estabilidad y solidez democrática del país no es inmune a las fuerzas corrosivas del crimen organizado transnacional. La forma en que los líderes de la nación —en el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo— respondan a las vulnerabilidades que este caso ha dejado al descubierto será decisiva. El futuro determinará si este episodio se recuerda como el momento de una fractura catastrófica o como el doloroso comienzo de un proceso indispensable de renovación y fortalecimiento institucional.

Referencias